Anjinho hizo esta consideración en un encuentro informativo organizado en la capital belga por Nueva Economía Fórum, donde defendió que el consentimiento de los gobernados, base de la democracia, "no puede darse en la oscuridad" y que los ciudadanos tienen "el derecho a saber, el derecho a ver, comprender y evaluar" qué hacen las instituciones.

La Defensora alertó de que la presión de las crisis sucesivas empuja a los Gobiernos a acelerar las decisiones y centralizar el poder, mientras los ciudadanos reclaman más visibilidad sobre cómo se decide. Esa separación abre lo que denominó "una brecha de legitimidad" que, de no abordarse, erosiona la confianza que sostiene a las instituciones democráticas.

Reveló que casi el 40 % de las investigaciones de su oficina en 2025 se refirieron a cuestiones de transparencia, una cifra similar a la de 2024. Advirtió de que parte de la administración comunitaria ha convertido el acceso a documentos en una "gestión de la información" en lugar de la garantía de un derecho fundamental.

Anjinho identificó tres tendencias que amenazan la apertura. La primera son los retrasos: lamentó que las instituciones traten cada solicitud "como una posible responsabilidad legal" y agoten los plazos, hasta el punto de que la Comisión Europea supera con frecuencia los límites legales para tramitar el acceso a documentos.

La segunda es el uso indebido de las excepciones. Recordó que la normativa contempla salvedades legítimas para proteger la privacidad, los intereses comerciales o la seguridad pública, pero subrayó que deben aplicarse "estrictamente" y sobre la base de un daño demostrable, no invocarse de forma genérica.

Como ejemplo, citó un caso reciente de mala administración en la gestión por la Comisión de una solicitud sobre la red social ‘X’ y su cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. En lugar de examinar qué podía divulgarse, la Comisión Europea dictaminó que existen excepciones, "sin realizar ningún análisis real", algo que la Defensora consideró "irrazonable".

Anjinho también se refirió a la cuestión de los mensajes de texto y las aplicaciones de mensajería instantánea. Apuntó que se han vuelto rutinarios en la actividad política y generan "una creciente zona gris" en la que las decisiones pueden quedar sin rastro, fuera del escrutinio público.

La Defensora defendió que las instituciones inviertan en "una cultura de transparencia proactiva", con recursos adecuados y modelos de gobernanza que faciliten la apertura desde el principio, además de garantizar que la información publicada sea "fácil de encontrar, fácil de abrir y fácil de entender".

Insistió en que la buena administración "es la democracia en acción" y que esta "no se detiene a las puertas de las instituciones", sino que se ejerce cada día cuando los funcionarios responden a los ciudadanos y estos participan de forma constructiva con las instituciones.