La Junta de Andalucía culpa de la crisis migratoria a la "política diplomática" del Gobierno

Desayuno del Fórum Europa con Antonio Sanz

La Junta de Andalucía culpa de la crisis migratoria a la "política diplomática" del Gobierno

Mecenas    

MÁLAGA, 30 de septiembre. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, responsabilizó en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' a la "política diplomática" del Gobierno de la crisis migratoria que afecta a Canarias.

Según explicó Sanz en el encuentro que organizó en Málaga Nueva Economía Fórum, el "descontrol que se está viendo en España" es "consecuencia de la demagogia que algunos han pretendido usar en esta materia" y lamentó que las "mafias estén actuando de manera prioritaria" en las costas españolas.

En esa línea, reprochó que hay "falta de apoyo en el control de la frontera" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero añadió que a ello se une "una política diplomática que ha sido un desastre" porque, a su juicio, "no se ha cuidado la diplomacia con el resto de países" lo que ha derivado en que España esté en el "mínimo de la historia" de devoluciones.

Argumentó que las devoluciones están en "cifras mínimas de un 7%" y que no es una cuestión relacionada con las llamadas "devoluciones en caliente" sino que son "cuestiones reguladas y dentro absolutamente de la norma", donde la diplomacia es "fundamental" y la ayuda de países terceros también para que "ellos retengan e impidan que salgan tantas y tantas pateras".

"Es una política errática y hoy estamos pagando las consecuencias especialmente vinculadas a una demagogia política que queda bien para titulares, pero que luego nos hace pagar muy cara la situación", aseveró. No obstante, auguró que Andalucía "estará una vez más a la altura de las circunstancias, actuando con responsabilidad y tendiendo la mano".

El consejero también manifestó que "hay una financiación vinculada a los menores" y, por eso, Andalucía "se hace cargo de ellos hasta que cumplen los 18". Sin embargo, relató que les han mandado más de 500 personas diciendo que eran mayores, pero cuando se hacen las pruebas "son menores", por lo que el Gobierno central no les da el dinero pero el autonómico se hace cargo de ellos.