Illa se refirió a esta cuestión en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona, donde fue presentado por la secretaria general de Inclusión del Gobierno central, Mónica Martínez Bravo.

Sobre el actual problema de la vivienda, señaló que Cataluña necesita hasta 2030 unas 200.000 soluciones habitacionales, de las cuales 50.000 deberían ser nuevas y 150.000 reformadas.

Señaló que el PSC no rechaza las actuaciones políticas “para controlar la demanda” de inmuebles, pero que incidirá “en la oferta”, lo que incluye tanto viviendas nuevas como rehabilitadas.

Indicó que para aplicar este planteamiento es necesaria una reforma de la Ley de Planificación Urbana de Cataluña “para buscar un reequilibrio justo de cargas y beneficios”. Sostuvo que esto permitiría potenciar la construcción y la regeneración de inmuebles.

Añadió que, para aplicar este objetivo, es necesario un “pacto” que incluya a las administraciones locales y al sector privado de la construcción, a los que el PSC plantearía su estrategia.

Un aspecto destacado del plan sería que la vivienda protegida fuera impulsada mediante una “mezcla” de sus cuatro categorías: de emergencia, social, concertada y asequible. Señaló que habría que buscar una “combinación” de estas tipologías para potenciar la oferta disponible.