Insistió en que la posición del Gobierno ha sido siempre muy clara: "no hay nada que negociar sobre Ceuta y Melilla, esa es nuestra posición y la vamos a seguir manteniendo". Ambas son ciudades españolas "como lo puedan ser Madrid, Sevilla o Cádiz, eso lo tenemos absolutamente claro". 

Sin embargo, Chaves advirtió de que la reivindicación de Marruecos no puede "sorprender ni asustar", porque es la misma de siempre, que agudiza en función de determinadas coyunturas políticas.

En todo caso, apostó por que esa posición de partida no abstaculice "de manera grave o preocupante" las relaciones entre los dos países, porque hay asuntos de interés común en los que debe existir cooperación, como la inmigración, la lucha contra el terrorismo islamista, la pesca, la seguridad o las inversiones españolas en Marruecos.

GIBRALTAR ESPAÑOL

Desde una perspectiva puramente práctica, Chaves aseguró que "la mejor manera de solucionar el problema y de que Gibraltar pueda ser español a medio o largo plazo es que seamos capaces de establecer una relación entre los dos pueblos".

Ese proceso, que se vio interrumpido con el cierre de la verja, puede reiniciarse e intensificarse gracias al acuerdo tripartido entre España, Reino Unido y Gibraltar, que se están desarrollando.

Esos acuerdos recogen la utilización conjunta del aeropuerto, colaboración en la asistencia sanitaria, en la educación, también la universitaria, y se trabaja en la apertura de un Instituto Cervantes en la ciudad de Gibraltar.

También, aunque no se ha hecho hasta ahora pero "se debería" incluir en esos acuerdos la cooperación entre España y Gibraltar frente a desastres naturales como los provocados por vertidos y en la lucha contra la contaminación en la bahía de Algeciras.

En este sentido, se refirió al buque "New Flame", encallado frente a las costas de Gibraltar, que ha ensuciado playas de Algeciras y amenaza el ecosistema marino del Estrecho de Gibraltar.

Chaves denunció la "irresponsabilidad" del Gobierno gibraltareño en este caso y reiteró la intención de la Junta de Andalucía de emprender acciones legales para exigir una reparación por los daños.