En este sentido, opinó que las medidas cautelares adoptadas por la Justicia belga “no son comparables” con las adoptadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que tienen “un ámbito diferente”.
 
Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Catalá dijo que un delito con una pena privativa de libertad de más de 20 es lo “suficientemente grave” como para que un juez pueda adoptar medidas cautelares, “máxime cuando alguno de los acusados se ha ido de España para poner las cosas más difíciles”.
 
El ministro no cree que el objetivo de Puigdemont sea eludir la Justicia española, porque “no lo va a conseguir”, pero sí persigue dilatar el proceso y hacerlo más complicado.
 
ORDEN EUROPEA
La Orden Europea de Detención y Entrega, añadió, es una medida de “confianza” admitida por los Estados miembros de la UE, y por tanto los sistemas de colaboración son más sentidos que en un proceso de extradición, lo que no quita que existan ciertos controles y revisión de las solicitudes que los jueces realizan y esto es lo que está pasando en este caso.
 
Lo que está en marcha es el procedimiento ordinario, continuó, en el que el fiscal belga comunica al juez belga la orden de detención y este cita a la persona implicada.
 
Además, Catalá criticó la decisión del expresidente de la Generalitat de “dejar aquí a sus colaboraciones y a otros miembros de su parlamento” y dudó de que la elección de Bélgica haya sido “casual”.
 
Preguntado por la actitud adoptada por la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los demás miembros de la Mesa del Parlament, Catalá respondió que será el juez instructor del Tribunal Supremo el que decidirá si ha lugar a la prisión provisional.
 
Para el ministro del Ejecutivo español, el interrogatorio en un proceso judicial no debería generar ninguna desconfianza a nadie, “porque imagino que estarán convencidos de que han hecho lo adecuado y por lo tanto lo pueden explicar en cualquier parte”.
 
Asimismo, Catalá criticó la actitud del destituido Gobierno catalán y del Parlament al declarar la independencia en voto secreto, porque demuestra que “algunos adoptan grandes decisiones sin orgullo y sin transparencia”.
 
Además, opinó que su negativa a comparecer ante los tribunales y no querer responder ante el fiscal es una “técnica de defensa aconsejada por sus abogados”. “La colaboración con la Justicia es una buena colaboración siempre”, añadió.