En su intervención en el “Fórum Europa. Tribuna Galicia”, que organizó en Santiago de Compostela Nueva Economía Fórum, el ministro explicó, a modo de ejemplo, que una sola sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene “parados algo más de 6.200 millones de euros”.

Esta parálisis la vincula con la “tardanza en la respuesta judicial”, si bien auguró que buena parte de este dinero tendría que estar “en el circuito económico”.

No en vano, dijo, el 60% de los asuntos abordados en esta sección, la tributaria, se fallan en favor del Estado. España, explicó, se sitúa en el puesto 68 de 130 países analizados en cuanto a tiempos de respuesta judicial, frente al tercer puesto que ocupa Suecia, el décimo de Reino Unido o el 27 de Francia.

Para la mejora de la calidad y eficacia de la Justicia se requiere, en opinión de Francisco Caamaño, “acertar en el análisis” y también hacer realidad la denominada “nueva oficina judicial”, que implica una reestructuración de los tribunales de justicia y también la consecución de un reto, que es “corregir el sobredimensionamiento” existente en el número de litigios, pues aumenta a un ritmo que aún teniendo el mejor sistema judicial y el más preparado llevaría a que éste “muriera de éxito”.

En 2009 entraron nueve millones de asuntos, lo que ocasiona una presión que deriva en una mayor “demora” en su tramitación, en la “calidad” de las sentencias y también en la ejecución de las mismas. La clave para atajar esto parte, según el titular de Justicia, es explicar al ciudadano “que las cosas importantes tienen que ir al juez, pero que muchos asuntos se pueden resolver con fórmulas complementarias del sistema de justicia.

Cobra protagonismo, en este sentido, una de las reformas legislativas propuestas por el Ejecutivo estatal, como es la nueva Ley de Mediación y Arbitraje, que abordará el Consejo de Ministros el próximo mes de febrero y que Caamaño confía en que “pueda ser pronto una realidad”.

Esta normativa aspira no sólo a modificar la ley, sino también a “hacer de nuestro país un referente en arbitraje”, emulando así a lugares como París, Suiza o Estados Unidos. También se pretende a reducir la carga de trabajo de determinados asuntos en áreas (citó a modo de ejemplo la de familia) que dejan “un lugar muy amplio para que pueda funcionar” la mediación.

La jurisdicción penal no será, no obstante, abordada en esta normativa y sí en la reforma, también prevista, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Algo ocurre en el procedimiento penal”, advirtió el ministro, alegando que el 73% de los asuntos tramitados son de materia penal, aunque “sólo el 10% llega a manos del juez”. Urge así a una reforma de esta ley, para “revisra la forma de investigación penal”.

MÁS JUECES
El incremento en un 20% de la planta judicial es otra de las medidas previstas hasta 2012 con la que lograr el objetivo de la agilización de la Administración de Justicia. Esto significa que si entre 2006 y 2009 se han convocado 670 plazas de jueces, entre este año y 2012 serán convocadas otras 750 de jueces y 450 de fiscales. Se suman otras 800 plazas de secretarios judiciales.

En total, 2.000 nuevas plazas que elevan también el coste de la Administración de justicia, claro que en opinión del ministro, es necesario aportar más presupuesto, pese a que desde 2004 se ha doblado.

En la configuración de nuevas plazas, Caamaño apuntó que los tribunales de justicia contarán con la figura del juez profesional para cubrir necesidades de refuerzo de un juzgado o incluso suplencias. Para 2010, dijo, se han convocado las 50 primeras plazas. Además, apuntó a la creación de 15 unidades judiciales, 2 de las cuales serán para estos jueces de adscripción territorial.

REFORMA DE LA JUSTICIA
Caamaño se refirió en su intervención a un concepto amplio de reforma de la Justicia. Así, avanzó que un equipo está trabajando en el diseño de la nueva planta judicial que baraja diversas opciones, como la posibilidad de crear tribunales de primera instancia y juzgados, entre otras cuestiones.

En esta reforma, las nuevas tecnologías cobran también un papel protagonista. Así, una aplicación informática (lexnet) está ahora al 30% de implantación. Existe, explicó el ministro, colaboración con las comunidades para atajar un problema existente hasta ahora. “Era imposible transmitir digitalmente información desde Galicia a Andalucía”, dijo a modo de ejemplo. Ahora se trabaja en que todos los tribunales de justicia puedan trabajar en red.

En esta modernización, la Audiencia Nacional es la pionera en el trabajo con el concepto de “juzgado con papel cero”. Esto es, que los expedientes están digitalizados. “El soporte electrónico empieza a ser una realidad”, explicó Caamaño.

EN GALICIA
En relación con Galicia, el ministro anunció que la sección civil de Pontevedra (cuya sede está en Vigo) contará con dos nuevos magistrados de refuerzo, lo que permitirá “doblar la capacidad de rendimiento” a esta sección.

Respecto a la oficina judicial en la comunidad, manifestó que existe una colaboración “muy intensa” con la autonomía” y que Galicia trabaja “de forma importante” para avanzar hacia la modernización de la Justicia.

REGISTRO CIVIL
En la actualidad, los registros civiles acaparan el 62% de las quejas que se presentan ante la Administración de Justicia, algo que Caamaño vinculó a la “filosofía decimonónica” que está implantada en los mismos.

Por ello, anunció un cambio que está ahora plasmado en un proyecto de ley que saca estos registros de las manos de los jueces (hay 431 que atienden un juzgado y también el registro) para ponerlas en las de “encargados del registro”, que funcionará como una “oficina administrativa”.
Así, se pretende reducir al mínimo las visitas a estas dependencias cuando entre en vigor la ley. A cada persona, al nacer, se le asignará un código de ciudadanía que le permitirá tener acceso a toda su información del registro civil.

”CASO GÜRTEL”
El ministro fue preguntado, en el coloquio posterior a su intervención, sobre el hecho de que seis imputados en el “caso Gürtel” sean defendidos por ex jueces o fiscales. Al respecto, señaló que el “sistema de incompatibilidades es rígido, severo y riguroso”.

No cree que sea necesario endurecer esta normativa y defiende que aunque uno haya aprobado la oposición de juez, esto no implica que no “pueda apostar por un futuro profesional diferente”. “El sistema es sumamente garante, no debemos jugar a la desconfianza en estas cuestiones”, aseveró.