Continuó afirmando que "podemos esperar a ver cómo evoluciona nuestra senda de recuperación económica, y cómo se desarrolla la curva de aprendizaje" de las distintas tecnologías.

Atienza consideró que habrá que ver, entre los años 2025 y 2030, si hay demanda de base para más energía nuclear. “Entonces, probablemente no habrá inversores si no hay un aval público que garantice el retorno de las inversiones”, auguró en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum.

En cualquier caso, afirmó que actualmente “no hay hueco para más tecnología de base”, como la nuclear, que, además, no es flexible para respaldar a las renovables.

Según expuso Atienza, la nuclear es una energía con un “extraordinario coste fijo y un bajo coste variable”. Así, una vez que se ha incurrido en el coste de puesta en marca de un reactor, alargar su vida abarata el coste de nuestro mix, siempre y cuando la central cumpla con las condiciones de seguridad”, algo que ha de valorar el Consejo de Seguridad Nuclear, en quien expresó su total confianza.

De este modo, “tiene todo el sentido económico de país utilizar el parque existente, siempre que cumpla con la seguridad. El coste de alargar la vida es muy inferior que el coste de la energía que sustituye” a la nuclear, añadió.

Con todo, Atienza valoró que, en estos momentos, “tenemos un margen de capacidad relevante”, como consecuencia del relevante esfuerzo inversor desarrollado en los últimos años, que ha coincidido con una ralentización de la demanda.

“Tenemos muy poca demanda de base para utilizar suficientemente nuestro parque térmico. Por lo tanto, difícilmente podemos tener demanda que sea rentable económicamente para los inversores”, puntualizó.
Las renovables, por su parte, deberán tener “un ritmo de incorporación que compense suficientemente los costes que representa con los beneficios a medio o largo plazo que esperamos obtener” de la mano de tecnologías aún inmaduras, indicó Atienza.

En cuanto al carbón nacional (cuyo uso prioriza el Gobierno a través del llamado “decreto del carbón”), Atienza señaló que un incremento en porcentajes cercanos al 5%.

“Es neutro para el sistema”, no así para otras fuentes de generación, como el gas. La decisión, por lo tanto, corresponde a “los responsables de la política energética”, que habrán de valorar hasta qué punto están dispuestos a soportar el sobrecoste que supone el carbón nacional (más caro que el que viene de otros países), para el desarrollo económico y social de las zonas donde reproduce.

ELIMINAR LA TARIFA
Por otro lado, y preguntado sobre las tarifas eléctricas, Atienza consideró que “hemos conseguido que se conviertan en el último reducto de los precios administrados”.

Recordó que hoy en día “nadie entendería que se fijara el precio del pan o de las gasolinas, es decir, que fuera independiente de si sube o baja el petróleo o el euro frente al dólar”.

Por ello, en su opinión, “debiéramos avanzar hacia un sistema de precios de la energía, dejando las tarifas como elemento de protección del consumidor, que responda a una determinada política social”, esto es, como apoyo para ciertos colectivos, aunque teniendo en cuenta que “también se les puede apoyar por otro sistema de compensación”, por ejemplo a través de los presupuestos.

En definitiva, dijo, “hay que avanzar” hacia un modelo en el que “los precios recojan los costes, que asegure la competencia, lo que se traducirá en beneficios para el consumidor”.

“Deberíamos evitar trasladar a los ciudadanos que el precio de la electricidad lo deciden los políticos, independientemente del coste de las energías primarias o las tecnologías”, consideró.

En otro orden de cosas, Atienza defendió la importancia de la electricidad como vector fundamental para la penetración de las energías renovables, que en el año 2020 deberán suponer un 40% de la generación eléctrica.

Destacó, además, la importancia de las interconexiones con Francia, que representan la principal inversión a acometer. De hecho, indicó que en los próximos días, antes de fin de año, se completará el periodo de adjudicaciones de la interconexión por Cataluña.

El proceso de construcción se desarrollará desde el próximo año para iniciar el periodo de pruebas en 2013 y comenzar a operar en 2014. Esta infraestructura duplicará la capacidad de interconexión eléctrica con Francia, algo “imprescindible para que nuestros objetivos de renovables se logren, pero no es suficiente”, matizó.

Por ello, se está trabajando en otras dos interconexiones a futuro, que permitirán a España “exportar lo que nos sobra”.