Álvarez se expresó en estos términos durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que hizo alusión a la reclamación colectiva que UGT presentó ante este Comité Europeo hace más de dos años tras la que finalmente, hace pocos meses, llegó la respuesta.

El texto no se ha dado a conocer todavía de manera íntegra, pero fuentes conocedoras de la sentencia apuntan que es favorable a las tesis del sindicato, que denunciaba que en España no existe una protección suficiente de los trabajadores ante un despido.

Tras UGT, CCOO puso otra reclamación similar, que está ahora a la espera de la respuesta del Comité Europeo de Derechos Sociales. Al hilo, Álvarez trasladó este martes a Sordo, presente en el encuentro informativo, que espera que su queja no tenga “tantos palos en las ruedas” como la de UGT, que en varias ocasiones sufrió retrasos.

“La legislación es clara y cristalina. Hay tribunales de Justicia que la han aplicado sin tener expreso conocimiento “, destacó Álvarez, quien anticipó que si “no hay legislación” que aplique esta sentencia, los magistrados tendrán que ir “a la fuente original”, que es el texto del Comité Europeo, y después el Tribunal Supremo tendrá que “unificar doctrina”.

Para Álvarez, “sería bueno y razonable” que esa sentencia se aplique y se haga con diálogo con los sindicatos y la patronal.

Por otra parte, destacó la "salud" de la que gozan en estos momentos las organizaciones sindicales. Atribuyó este hecho al aumento de delegados sindicales en el país y a los acuerdos en “cuestiones importantes” que se han logrado con el Gobierno y las patronales.

“UGT y CCOO competimos dignamente, pensando en las personas trabajadoras. NO se nos ocurre plantearnos que esta competencia no reme en la misma dirección”, recalcó.

En esta línea, el líder de UGT reclamó que en esta legislatura se apruebe una ley de negociación colectiva y que se dote de recursos suficientes a los sindicatos para realizar esta labor, ya que es una tarea clave de la que se benefician 12 millones de personas y que solo sufragan las cuotas de los afiliados sindicales.

Así, explicó que si las leyes obligan a que los sindicatos tengan “un papel determinado”, es “razonable que el Estado no lo cargue sobre las cuotas de los afiliados o sobre el viento, que parece que es lo que ahora ocurre, sino que haga frente a sus responsabilidades”.

Como ejemplo, detalló que el año pasado los sindicatos recibieron 17 millones de euros, de los que casi seis correspondieron a UGT, mientras que 15 millones fue el coste de la labor que la ley encomienda al sindicato para la preparación de los planes de igualdad en las empresas. Por tanto, criticó a quienes hablan de los sindicatos como “organizaciones subsidiadas”.

En otro orden de cosas, Álvarez se mostró conforme con la composición actual de la mesa del diálogo social y, preguntado por si deberían incorporarse más patronales, como Conpymes, derivó la cuestión a “un debate con las organizaciones empresariales”.

No obstante, puso en valor que los sindicatos quieren “organizaciones empresariales fuertes” con “las que podamos interlocutar y llegar a acuerdos sólidos”.

“Y, en ese sentido, me parece que la representación empresarial en España está dignamente representada y, valga la redundancia, representa de manera muy clara al empresariado en nuestro país”, añadió Álvarez sobre CEOE.

En su alocución, el secretario general de UGT reclamó también avanzar hacia un pacto para reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación en edades penosas y peligrosas, al tiempo que demandó fortalecer el contrato de relevo para promover una salida progresiva del mercado laboral y para impulsar el “rejuvenecimiento” de las plantillas.

Finalmente, elogió el momento en el que han venido a España los fondos europeos puestos en marcha tras la pandemia de covid-19, aunque exigió mayor participación de sindicatos y patronal en el despliegue de los proyectos estratégicos. Al respecto, censuró la falta de “transparencia” que se da en ocasiones y que, a su criterio, se produce con más intensidad en las comunidades autónomas que en el Estado.