Rubio hizo estas manifestaciones en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum, donde explicó que, por el momento, el Gobierno no ha pedido opinión sobre el procedimiento legal a seguir en el caso del secuestro del “Alakrana”, aunque el Consejo de Estado sí que ha dictaminado sobre la reforma del Reglamento de Seguridad Privada que permite a los vigilantes jurados portar armas de guerra.
 
Aunque reconoció que “alguna idea” tiene sobre lo que habría que hacer desde el punto de vista jurídico, insistió en que “incrementar la algarabía” haciéndola pública sólo supondría una “dificultad adicional” a la solución del problema.

En ese sentido, abogó por mantener la máxima discreción, tal y como han hecho otros gobiernos que tienen pesqueros “secuestrados desde el mes de abril” y han conseguido que no se conozca la nacionalidad de la embarcación.

En su opinión, resultó “inevitable” que una vez decidido perseguir al barco secuestrado, se detuviera y considerara bajo jurisdicción española a los piratas.
 
En ese caso, insistió, la legislación no sólo tiene en cuenta el lugar donde fueron detenidos los piratas, sino el motivo por el que se les apresó, un matiz importante a la hora de determinar la jurisdicción competente.