Casas hizo estas informaciones durante su intervención hoy en el Fórum Europa, donde recordó que el Consejo Constitucional francés afirmó la compatibilidad del texto del tratado con la Constitución francesa respecto de determinados puntos, mientras que sobre otros indicó la necesidad de reformarla para adaptarse al Tratado.

También se refirió a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que, según algunos analistas, supone un cambio en los criterios de aplicación de la prescripción de delitos económicos, y que afectará a asuntos pendientes como el "caso Urbanor", en el que fueron condenados los ex banqueros Alberto Alcocer y Alberto Cortina.

A este respecto, Casas afirmó que la mencionada sentencia "no ha producido un cambio de doctrina" en el alto Tribunal, ya que dicho cambio hubiera requerido una discusión del Pleno de este órgano, que no se ha producido.

Explicó que la resolución alegada no sólo se refería a la vulneración del artículo 24 de la Constitución (tutela judicial efectiva) sino también a otros derechos fundamentales, y que en este caso concreto el tribunal competente demoró dos años la admisión a tramtite de la querella en cuestión.

ABOLICIÓN LEY SÁLICA
Sobre la conveniencia de reformar la Constitución para propiciar que el heredero al trono pueda ser una mujer, subrayó que, a pesar de que ella no se pronuncia sobre iniciativas legales, hay que recordar que una eventual reforma de la Carta Magna está regulada en la propia Constitución, aunque otro asunto sea la "oportunidad política".

"Y si la reforma trata de poner en sintonía esta cuestión con las exigencias de los tiempos y con la aplicación de la igualdad plena de la mujer con el hombre, mi valoración de oportunidad es positiva", apuntó la presidenta del TC.

A la pregunta de si, a su juicio, existen actualmente las mismas oportunidades para hombres y mujeres en nuestro país, Casas afirmó que "radicalmente no", pese al cambio espectacular de los últimos años. Indicó que las estadísticas siguen señalando que no existe tal igualdad empezando por aspectos tan concretos como los salarios.

Sobre las reformas estatutarias, afirmó que el papel del Constitucional en este asunto es el de "controlar al legislador" de los Estatutos y reconoció que "estatutariamente", las comunidades autónomas "son Estado y así lo señala la propia Constitución".

Finalmente, la presidenta del Constitucional rechazó valorar la posibilidad de instar a un proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), puesto que sobre este asunto "hablará cuando le toque y a través de sus sentencias y providencias".

Tampoco quiso pronunciarse sobre una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dote de mayores competencias a los tribunales superiores de las comunidades autónomas, puesto que este asunto, actualmente en el debate político, puede ser algún día motivo de discusión jurídica en el órgano que ella representa.