Ávila señaló en el citado foro de debate, organizado por Nueva Economía Fórum en la capital de la Costa del Sol, que era “necesario” hacer dicha adaptación de la Ley de Cajas, obligada por otra parte desde el Gobierno central a través de un decreto-ley.

“Se ha hecho por una razón muy sencilla, la ley nos daba seis meses. Dicho esto, todo proceso de elaboración de una norma requiere unos consensos, al menos para la Junta de Andalucía, motivo por lo que se tramita en el Parlamento para que quien tenga que opinar, opine”, señaló. Indicó que, tanto los sindicatos como la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) conocieron en su momento su contenido.

En cuanto a las críticas sindicales respecto al mismo, señaló que las conoce “perfectamente”. “No tengo ninguna duda de que los sindicatos, cuando conozcan el contenido de la norma, verán que queda desde la perspectiva del peso que tienen los empleados desde el máximo, el 15%”.

De igual modo, apuntó que la representación pública, que debía bajar del 50 al 40%, ha otorgado el diez por ciento restante a los agentes sociales, por lo que manifestó que las críticas se deben “al desconocimiento de la norma”.

Con respecto a la obra social y a la sensación de ciertos sectores de que esta pierda protagonismo, el consejero de Economía anunció que estas no sufrirán con la nueva ley ningún tipo de agresión.

“Hay un elemento con el que el Gobierno andaluz ha querido ser muy claro. Es cierto que la norma estatal lanza un mensaje global para que mejore la gestión en términos de profesionalización de sus órganos de gobierno. Esto se ha enmarcado en el título de la despolitización”, dijo.

Así, hizo referencia a otras comunidades autónomas donde las cajas de ahorro tenían representación de los gobiernos regionales. “Como saben, aquí nunca nos hemos sentado en los consejeros de administración”, aseguró.

“Esta despolitización lleva aparejada una serie de normas trasladadas a la andaluza, la necesidad de que los miembros tengan una capacitación profesional y que los cargos electos no puedan estar sentados”. “Nadie conoce a ningún consejero del Gobierno andaluz que esté en el consejo de administración de una caja de ahorros”, apuntó.

De este modo, quiso recordar que en la comunidad andaluza se habían dado pasos ya en este sentido. “Se han tomado decisiones, hay algo claro, existe la posibilidad de que una caja tome la decisión de ejercer su actividad financiera a través de un banco, pero se ha blindado la necesidad de que las llamadas ‘foráneas’ sigan reforzando con los recursos captados en el territorio andaluz”, explicó. Por ello, reiteró que estas entidades deben emplear sus fondos en obra social y mantener dicha proporción en Andalucía.