Durante su intervención en esta tribuna que organiza Nueva Economía Fórum, la presidenta de la CNMC dijo que su organismo no tiene competencias para detener una ayuda ya otorgada y eso lo decide Bruselas, pero sí puede avisar de los posibles fallos en esa adjudicación y aconsejar a las empresas y administraciones.

“Vemos tres tipos de riesgos que se pueden producir por no encaminar bien los fondos”, explicó. El primero que mencionó es el método de asignación, y “si el fondo se puede conceder por ayuda directa o por concurso, mejor por concurso”.

También habló de un “segundo foco de problemas” consistente en que la documentación que se pida no sea eficiente, “y se exijan varias licencias cuando a lo mejor con una declaración responsable sería suficiente”.

Un tercer riesgo que refirió Cani Fernández es la existencia de “cuellos de botella” “a nivel municipal” y, por ello, están trabajando con los consistorios, para impedirlos.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Por otra parte, a la presidenta de la CNMC se le preguntó por la prohibición a las administraciones de contratar con empresas que hayan infringido la ley de contratos del sector público.

Señaló que tras la sentencia del Tribunal Supremo del verano pasado que suspendió cautelarmente la prohibición de contratación no definitiva están discutiendo internamente en la CNMC un mecanismo para que la prohibición que decrete la comisión sea ejecutiva, con independencia de que se pueda recurrir a los tribunales, y no perder así el efecto disuasorio.

Fernández manifestó que tienen en marcha procedimientos abiertos de cárteles en el sector financiero, pero dijo que no podía desvelar más detalles por encontrase en fase de instrucción.