Según Fernández i Bozal, el objetivo fundamental y necesario es optimizar los recursos, tanto materiales como humanos, de la Administración Judicial.

La consejera afirmó que se tiene que acabar con una organización judicial cerrada en sí misma y que actualmente tiene un diseño “diabólico” en términos de eficiencia, con el objetivo de conseguir una estructura más flexible y racional.

Para la titular de Justicia, una de las prioridades es la implantación del Expediente Electrónico, para acabar con el uso del papel y evitar situaciones como la pérdida de expedientes. La consejera explicó que la fecha límite para la implantación del Expediente Electrónico es 2016, cuando todas las notificaciones y trámites se realizarán a través de vía telemática.

Durante su intervención, la consejera de Justicia destacó una iniciativa pionera en el Estado. Se trata de un acuerdo con la Generalitat para crear un módulo específico de Formación Profesional para estudiantes que quieran trabajar en el Departamento de Justicia catalán.

Según Fernández i Bozal, uno de los tantos problemas que arrastra la Administración es la excesiva movilidad de los funcionarios, que hace que no se integren como deberían a Cataluña.

Pilar Fernández detalló una serie de medidas para poner en marcha la Nueva Oficina Judicial y también destacó el incremento de las dependencias judiciales, que en Cataluña han pasado de 338 juzgados en 1990 a 512 en 2010.