Anjinho hizo esta consideración en un encuentro informativo organizado en la capital comunitaria por Nueva Economía Fórum, donde defendió que el acceso oportuno a los documentos es esencial para que los ciudadanos participen de manera significativa en la toma de decisiones y reivindicó la transparencia como "un derecho fundamental" cada vez más ignorado.

La Defensora explicó que la normativa contempla excepciones legítimas para proteger la privacidad, los intereses comerciales, la seguridad pública y las relaciones internacionales. Sin embargo, subrayó que estos motivos deben aplicarse "estrictamente" y sobre la base de razones específicas y fundamentadas. Insistió en que las excepciones deben ser "exactamente eso, excepcionales", y siempre basadas en hechos tangibles.

Para Anjinho, lo más importante desde la perspectiva de su oficina es la forma en que las instituciones razonan por qué divulgan o no la información. Reveló que el Defensor del Pueblo Europeo inspecciona cada documento y mantiene un intercambio constructivo tanto con las instituciones como con los ciudadanos, actuando, dijo, como una especie de "traductores cualificados" entre ambos.

Advirtió de que, ante la complejidad de ciertos asuntos, crece la tendencia a recurrir a excepciones y a presunciones generales, lo que crea un "problema" al ciudadano, al obligarle a argumentar para ejercer un derecho que debería estar garantizado.

Anjinho resaltó que la democracia exige "el consentimiento continuo de los gobernados" y que esto "no puede darse en la oscuridad". Por ello, insistió en que los ciudadanos tienen derecho a ver, comprender y evaluar qué hacen las instituciones públicas.

Defendió que una democracia fuerte depende de la legitimidad y esta, de la apertura. Alertó de que el uso indebido de las excepciones abre lo que denominó "una brecha de legitimidad" que, de no abordarse, erosiona la base de confianza sobre la que se sostienen las instituciones democráticas.