Lo hizo en su intervención en la tribuna informativa organizada en Sevilla por Nueva Economía Fórum, en la que justificó que, con la quita, Andalucía tendría una posibilidad de liquidez de 480 millones de euros, que no se puede "permitir el lujo de desdeñar" para programas por la dependencia o contra la pobreza infantil.

Maíllo se remitió al acuerdo del Parlamento de Andalucía de marzo de 2018 que firmaron todos los partidos menos Ciudadanos y que marcaba como criterios la suficiencia financiera y la responsabilidad fiscal: pedir más dinero, pero sin "agujeros negros" en los impuestos propios. En este sentido, acusó al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de crearlos mientras pide más financiación al Estado.

El líder de IU, organización que en su día, al igual que el propio acuerdo del Parlamento andaluz, dejó claro que no aprobaría un sistema de financiación autonómica que se basara en el principio de ordinalidad, según el cual una comunidad no puede bajar en el ránking por entregar su contribución a la caja común, aseguró que ahora "no hay principio de ordinalidad".

"No lo hay porque el principio de ordinalidad significaría que, independientemente de los criterios que se establecen para financiar las comunidades (población, servicios, dispersión geográfica, envejecimiento, etcétera), si Castilla y León es la comunidad a la que más le tocaba, como no es la que más aporta, tiene que haber otra que esté por encima", argumentó.

Maíllo recordó además que aquel acuerdo parlamentario de 2018 pedía 4.000 millones y que el nuevo sistema de financiación reserva a Andalucía 5.200. Unidos a los 480 de la quita de la deuda y los mil millones que aportaría recuperar los impuestos autonómicos para las rentas altas y los grandes patrimonios, como reclama IU, la región tendría, según resaltó, 6.600 millones de euros anuales para hacer políticas sociales.