A su juicio, los 8.000 alcaldes y 800.000 concejales que existen en España "no pueden estar bajo la sospecha general de que no tienen un comportamiento honrado" por los supuestos casos de corrupción urbanística detectados en algunos municipios como Seseña, Ciempozuelos o Andraxt.

"En este país hay mucha gente, la inmensa mayoría, que se dedica a la política porque quiere mejorar las cosas, servir a su país y creo que no es justo, para esa gente que hace de su vida la política y que la lleva a cabo con honradez, extender un velo de sospecha general", añadió.

Sáenz de Santamaría pidió que se actue con contundencia desde el ámbito judicial contra este tipo de casos y reclamó que "no se utilice ni como ariete ni como propaganda electoralista".

Finalmente, denunció que el Ministerio de Administraciones Públicas que dirige Jordi Sevilla está vendiendo la Ley de Bases de Régimen Local "como la solución y la panacea contra la corrupción", sin embargo denunció que "sólo dedica tres artículos" a la corrupción.

Sáenz de Santamaría pidió, por ello, al Gobierno "menos propaganda y más dejar actuar a los fiscales y jueces" para atajar los delitos de corrupción que puedan producirse en el ámbito de las competencias de las administraciones locales.