El ministro resaltó que “no son leyes que sean del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, ni del Gobierno”, sino que “son leyes del país” que “vienen avaladas y empujadas por un amplísimo consenso social y por una movilización de la sociedad civil organizada absolutamente determinante”, tal y como “sucedió con la ‘ley ELA’ o con la Ley de Servicios de Atención a la Clientela”.

Bustinduy recordó que “estamos hablando del interés general” y dijo “aspirar” a que, “con las leyes de discapacidad y dependencia, como ha sucedido con la ‘ley ELA’, con el decreto ley de inyección extraordinaria de 500 millones en el sistema de la dependencia, con la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, con la ampliación de los permisos parentales”, ese “apoyo social y el interés general se abra paso y que tenga una articulación política también en el Congreso de los Diputados”.

“No es la legislatura ni el momento más fácil para conseguir que estas cosas sucedan”, admitió, al tiempo que indicó que “en esta legislatura tan compleja, tan difícil, para quien lo quiera ver, hay una trayectoria que se está diseñando también”. “Pasó con el artículo 49, con la ‘ley ELA’, pasó con los permisos, ha pasado con el decreto ley de los 500 millones, ha pasado con la ley SAC, pasará también con la ley de dependencia y discapacidad”, auguró.

En paralelo, subrayó que “la política social, el interés general, el interés común de las mayorías trabajadoras” están “por encima de las estrategias de corto plazo, de la refriega política y de esta miopía agresiva que parece que se ha adueñado de la política española”.

Por último, advirtió de que la “construcción” del sistema de la dependencia “es el principal desafío de la política social a futuro en este país”, convencido de que, “por tanto, el momento de actuar es ahora” y de que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que son un “mandato” del nuevo artículo 49 de la Constitución, “diseñan el horizonte de ese modelo”.