"Yo no sé quién habrá aconsejado a la señora ministra de Educación para hacer esa afirmación, que carece de sentido. Corresponde al Estado y a las comunidades autónomas resolver ese tema", aseguró.

Es más, criticó directamente que este problema se haya resuelto por vía judicial. "Que un juez tenga que perder el tiempo en resolver el caso de un colegio de Valladolid" no es adecuado, porque "los jueces están para cosas mucho más importantes", dijo.

Indicó que en una sociedad que "mayoritariamente no es creyente", porque los practicantes, "por subir mucho, están en el 40 por ciento", es "lógico que al 60 por ciento restante no le parezca bien que haya crucifijos en las aulas".

Preguntado por la necesidad de una Ley de Libertad Religiosa, el ex presidente del Congreso dijo que ya la hay. "Lo que ocurre con esa ley es que no afecta a la Iglesia católica, que está sobre todo afectada por los acuerdos con la Santa Sede, un acuerdo internacional que es pre y posconstitucional, una cosa que solamente un milagro puede establecer", ironizó.

Manifestó, además, que los acuerdos con la Santa Sede han sido "incumplidos por la Iglesia en relación con los acuerdos económicos, porque no realizó su autofinanciación en el tiempo establecido" en el Concordato.

Criticó también la resistencia de los prelados de la Iglesia católica a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuando los enseñantes religiosos no se oponen a ello. En cambio, cree que la Religión como asignatura troncal es "un tema muy discutible".

Finalmente, dijo que corresponde al Tribunal Supremo unificar doctrina sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, de manera que desaparezca la "obsesión" sobre la polémica.