Lo dijo en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona, en el que explicó que la Generalitat ha puesto en marcha una reforma de la Renta Garantizada de Ciudadanía para evitar lo que denominó “la trampa de la pobreza”, que consiste en que la gente que percibe esta ayuda “no se atreve a soltarla porque le sale más a cuenta o porque tiene miedo a que cuando empiece a trabajar la pierda y luego le cueste más recuperarla”.
 
A su vez, criticó que “el Estado se niega a traspasar el IMV”, lo que provoca que “haya dos rentas con distinta regulación”, convirtiendo en un “infierno burocrático su acceso para la gente más vulnerable”. “Esto es inaceptable”, exclamó.
 
En ese sentido, explicó que la Generalitat pretende una “gestión integral de las dos prestaciones, como ocurre con el País Vasco y Navarra; reclamamos lo mismo que ellos: una gestión integral de ambas prestaciones”.
 
En cuanto a la Ley de Familias aprobada por el Gobierno, comentó que la norma, “en su formulación actual, invade competencias”, y reconoció que existen “contactos” con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 -autor del texto- para revertir la situación.
 
Lamentó “la voracidad centralizadora del Estado”, del que dijo que “en cuanto te descuidas, te invade una competencia”. No obstante, confió en “resolver en los próximos días” esta cuestión para que ERC no enmiende a la totalidad el texto.
 
Por último, deslizó la idoneidad de reformar la Ley de Familias autonómica, que data de 2003, para adecuarla a la realidad de 2023.