El fiscal general del Estado reconoció que, antes de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recabasen estos elementos probatorios, sí que "podían intuirse" comportamientos delictivos por parte de ANV y PCTV, pero puntualizó que estas "intuiciones" no son suficientes para llevar a cabo un proceso de ilegalización.

"Es indudable que lo intuíamos, pero una cosa es eso y otra tener las pruebas suficientes, no se puede acudir al Tribunal Supremo sin una sólida base probatoria", señaló Conde-Pumpido.

Tras exponer estos argumentos, reiteró que, a su enteder, el Alto Tribunal le ha dado dado la razón al afirmar que las demandas ilegalizacion "se han formulado en el momento en el que se ha dispuesto de la base probatoria necesaria".

Conde-Pumpido explicó que fue después del atentado de Capbreton (Francia), en el que fueron asesinados dos guardias civiles, y tras comprobar que ANV no sólo no condenaba la acción sino que la justificó, cuando la Fiscalía solicitó al Ministerio del Interior la documentación completa para poder empezar a trabajar.