Pujol intervino en Barcelona en este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde fue presentado por Núria Basi, presidenta de Basi Group y expresidenta de la Fundación Pere Tarrés. Sobre los problemas de muchos ciudadanos de acceder a una vivienda, Pujol apuntó que el 30% de la población que alquila destina más del 40% de sus ingresos a este pago y advirtió de que en Barcelona viven 2.000 personas sin techo.

Señaló que el incremento del precio del alquiler entre 2000 y 2023 alcanzó el 129,4%, lo que calificó como "un verdadero abuso". Asimismo, destacó que la pérdida de poder adquisitivo entre 2008 y 2023 ha sido del 3,3% para la población general y de cerca del 6% para las rentas más bajas, "cuando este poder adquisitivo es del todo insuficiente".

MÁS PARQUE PÚBLICO

Frente a esta situación, Pujol defendió que, además de la labor de las administraciones y de los planes existentes, hace falta "más parque público de vivienda". Recordó que en Cataluña y en España solamente "un 7% del total es vivienda social", frente a una media europea del 9%, mientras que en Viena la cifra alcanza el 40% y en los Países Bajos llega al 30%.

Sostuvo que, para ser eficaces, la solución pasa por liberar suelo, "fijar pocos criterios y posibles" y dejar la iniciativa social y empresarial. "No somos unos liberales precisamente", matizó Pujol, quien defendió que si se libera suelo "sin demasiadas dificultades y con pocas condiciones", se construirá rápido la vivienda que la sociedad necesita.

Pujol también pidió simplificar trámites administrativos para agilizar la construcción y la rehabilitación. Puso como ejemplo los permisos de obras para arreglar una casa de colonias en edificios catalogados, donde "lo tiene que mirar el arquitecto" municipal que "va un día a la semana" al ayuntamiento, lo que calificó como "una verdadera locura".

Consideró que, si se facilitan estos trámites, la vivienda social podría "crecer" e, incluso, podría modular el problema actual de carencia de lugares para vivir, tanto en el ámbito social como en el general. Reconoció, no obstante, que el proceso de construcción de vivienda pública es "muy lento" y que esa lentitud afecta "a cualquier cosa que quieras hacer".

A su juicio, la complejidad legislativa actual responde a las consecuencias de los casos de corrupción del pasado. "Los que robaron en la administración" hicieron "menos daño" con el dinero sustraído, dijo, que con la complicación legislativa posterior. "Una subvención hoy en día es una cuestión que una persona voluntaria normal es que no la puede entender", lamentó.

LIMITAR LOS ALQUILERES

Sobre el debate de esta semana en el Congreso acerca de las políticas de vivienda, Pujo manifestó que no comparte que no se haya prorrogado la limitación de los incrementos de los alquileres. Defendió la contención de los precios cuando el coste del alquiler "es verdaderamente muy elevado" y los rendimientos de los arrendadores son "muy elevados".

Preguntado por las prioridades para reducir la pobreza, Pujol situó la vivienda en primer lugar, junto a la regularización de los inmigrantes y la atención a los niños y niñas. Recordó que el 24,8% de la población en Cataluña se encuentra bajo el umbral de la pobreza, según el informe social de la Generalitat, y que el 36,5% de los menores se halla en esa situación.

El director general de la Fundación Pere Tarrés defendió, asimismo, que las administraciones estén "mejor financiadas", aunque opinó que la solución no pasa tanto por aumentar los impuestos como por una mejor distribución entre administraciones y por gravar las transacciones financieras con la Tasa Tobin. Recordó que un movimiento financiero global no aporta, en su opinión, lo suficiente "de la riqueza que crea hacia las personas".