La denuncia se formalizará el próximo 4 de febrero y en solitario, es decir, sin el apoyo del PNV, que también había aununciado su intención de presentar su recurso en Estrasburgo.

EA entiende que "el derecho a consultar a los ciudadanos entra dentro de las facultades de cualquier ejecutivo", por lo que la prohibición "supone una vulneración de los pactos internacionales sobre derechos y libertades fundamentales".