En su intervención en este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Valencia, España aprovechó para avanzar esta futura ley, así como la reactivación de la evaluación del gasto sanitario que se paralizó durante la pandemia de la covid-19, y una potenciación y aplicación de las compras centralizadas.

 

La nueva ley de eficiencia pública es “un paso estructural” en línea con las recomendaciones de organismos como la Unión Europea, el Banco de España, la OCDE o la Airef, y tendrá tres objetivos “fundamentales”: la evaluación “continua” de todas las políticas de gasto y la valoración de sus resultados, “dotar de mayor eficiencia” la gestión de los recursos y establecer procesos de revisión del gasto público.

 

Para lograr esta última meta, la Generalitat llevará a cabo una serie de actuaciones prácticas. En primer lugar, llevará a cabo una implantación progresiva de relaciones ex-ante, es decir, que analizará la efectividad de una política que se quiere realizar antes de que se apruebe.

 

Posteriormente, desarrollará proyectos piloto de evaluación ex-post “para conocer los resultados de las políticas que se han ido aplicando”. Y, entre medias de estas dos actuaciones, España pretende “regular un sistema de indicadores evaluables de los resultados de la política de gasto público”, un paso que ve “fundamental”.

 

“Se trata de romper inercias de gestión. Estamos acostumbrados a que el análisis del gasto público sea un análisis jurídico-presupuestario y nos dejamos siempre para el final la parte importante, que es si está teniendo éxito la política y si se está gastando de forma eficiente esos recursos”, explicó.

 

PARTICIPACIÓN DE “TODOS”

 

Con esta ley, el consejero de Hacienda dijo que la Generalitat busca incorporar en la gestión ordinaria el concepto de eficiencia “como algo natural, igual que el presupuestario o el de legalidad”.

 

Para que esta ley sea exitosa, España apuntó que es necesario “incorporar canales de participación de todos los empleados públicos” para que los funcionarios pueden “ejercer” como “agentes de eficiencia”.

 

“Conseguir avanzar en esto mediante esta Ley de Eficiencia no lo conseguirá solo una consejería o los directivos o los cargos públicos. Es necesaria la implicación de todo el personal, de todos los trabajadores y trabajadoras de la Generalitat”, declaró.

 

España no desveló los plazos que se propone el Gobierno de Ximo Puig con esta ley, pero sí avanzó su voluntad de dialogar y pactar el texto con las distintas formaciones políticas que conforman las Cortes Valencianas.

 

GASTO SANITARIO

 

Antes de anunciar esta medida, el consejero de Hacienda afirmó que la Generalitat activará este mismo trimestre la evaluación del gasto sanitario que se paralizó durante la pandemia.

 

A través de una propuesta conjunta de las consejerías de Sanidad y Hacienda, el Consell acordará el encargo a la Airef “tras recibir de la misma el plan”, que comprenderá “inicialmente” dos áreas de análisis, la estrategia de contratación pública y el modelo de compras y logística, y los sistemas de información sanitaria y de gestión de servicios.

 

España opinó que este paso ayudará a la hora de “tomar medidas”, “mejorar el servicio” sanitario y “gastar mejor”, y recordó que afectará a “la parte más importante” del presupuesto regional, hasta 8.250 millones de euros que suponen el 29% de las cuentas públicas autonómicas.

 

COMPRA CENTRALIZADA

 

Por último, avanzó que la Generalitat potenciará la compra centralizada y la ampliará a más áreas, entre ellas, el suministro del gas o la redacción de los proyectos de consultoría para las instalaciones fotovoltaicas.

 

El Gobierno de Ximo Puig también culminará su nuevo sistema económico-financiero, el conocido como sistema Nefis, “para ayudar a tener una herramienta fundamental en la gestión del presupuesto y en la toma de decisiones”.