En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, la 'número dos' del Ministerio de Transportes aseveró sobre la negociación de la ley que deben “asegurar jurídicamente lo que necesita el Estado”, que es “confianza y seguridad jurídica”, ya que no quieren “meter la pata”.
 
Así, cuestionada por el retraso en la aprobación de la ley por la falta de acuerdo con Unidas Podemos y los socios de investidura, señaló que tener una ley sin seguridad jurídica “sería una batalla hacia atrás” y recordó que la ley de Vivienda catalana fue declarada “inconstitucional”.
 
Pardo de Vera reconoció que existen “distintos puntos de vista a la hora de enfocar determinadas cuestiones” y apuntó que, si la ley “después de este debate que se está produciendo” no acaba aprobándose, sería “un disgusto”.
 
Aunque rehusó desarrollar los puntos de fricción que en estos momentos alejan el acuerdo, señaló que tienen “capacidad para seguir debatiendo” y, en una referencia velada al tope de los alquileres, aseguró que la ley “aborda otros muchos incentivos que no son tan de calado, pero sí refuerzan esa mejora de la oferta pública de vivienda”.
 
Sin mencionar ninguna medida concreta, criticó que “algunas comunidades autónomas publican ayudas informativas en las que no se molestan en señalar el papel fundamental del Gobierno o de la Unión Europea” o que mandatarios, que “criticaron duramente alguna ayuda cuando se anunció, lanzarla como si fuese suya, incluso aunque sean los últimos en ofrecerlas”. “El desdén hacia el papel del Gobierno y de Europa por la ejecución de los fondos es peligroso a largo plazo”, apuntó.
 
La secretaria de Estado indicó que, en su llegada al Ministerio, España se encontraba “en un entorno muy deficiente” pues “no había sido capaz de desarrollar un parque público de viviendas”, así como “carecía de instrumentos” para desarrollar las políticas.
 
En este sentido, puso en valor la decisión de convertir la Entidad de Suelo Público (Sepes) en “el Adif de la vivienda y el suelo” pues necesitaban “un generador de proyectos estatales”, gracias al cual señaló que han podido desbloquear operaciones como las de Campamento o anteriormente Chamartín. El objetivo es poner a disposición de los ciudadanos 100.000 viviendas que “no se podrán volver a enajenar y se mantendrán como patrimonio permanente sujeto a protección”.
 
CHAMARTÍN Y CAMPAMENTO
 
Sobre Madrid Nuevo Norte, señaló que es un proyecto que ha vivido “con mucha ilusión”, agradeciendo a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y a su responsable, José Manuel Calvo. Pardo de Vera lo definió como “un proyecto transformador donde se ha pensado hasta el último detalle de qué queremos de ciudad en cuanto a mezclar los usos terciarios con los residenciales para evitar antiguos modelos”.
 
En cuanto a la operación Campamento, destacó que “estaba encallada desde hace 30 años por una disparidad de criterios de tasación entre el Ministerio de Defensa y Sepes”, por lo que decidieron hacer “una tasación con las máximas garantías”.
 
En esta cuestión, destacó la implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y apuntó que es “la oportunidad de crear un nuevo Madrid integrado en una zona sur con unas posibilidades increíbles y con un porcentaje de protección del 60% de vivienda pública”.