“Somos conscientes de la importancia de las organizaciones empresariales en la vida económica, política y social valenciana”, señaló Soler a preguntas de los periodistas sobre este asunto tras su participación en el foro organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum con la consejera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo.
 
“Haremos todo lo que este dentro de la ley para solventar o reducir el impacto que pueda tener sobre las propias organizaciones”, aseguró el consejero, que se mostró convencido de que “de aquí al día 20 (fecha en que vence el plazo inicial dado por su consejería para cancelar la deuda) hay cosas que se pueden hacer, sobre todo ganar tiempo, es una lógica necesaria”.
 
Esta deuda, que asciende a 600.000 euros, se ha generado por las discrepancias en la ejecución de cursos de formación de las tres organizaciones provinciales asociadas a la patronal autonómica.
 
No obstante, Soler insistió en que “el mandato de la ley es claro al respecto” y en que el Consell “fuera de la ley” no puede “hacer nada”.
 
“Nuestra preocupación es muchísima” porque “creemos que una sociedad del siglo XXI tiene que contar con organizaciones empresariales fuertes, que sean auténticos 'partners' a la hora de conformar el diálogo social”, insistió Soler para quien las medidas a tomar pasarían no tanto por el procedimiento para pactar garantías, si no de fórmulas de pago. “Eso permite a las organizaciones empresariales hacerse cargo con cierta holgura, porque son cantidades serias que podrían crear un problema de impago clarísimo”, explicó.
 
“Todo está abierto, no nos cerramos a nada", siempre y cuando la solución esté "dentro de la ley”, respondió el consejero a la pregunta de si una de las fórmulas podría ser ir cancelando la deuda detrayendo cantidades de las subvenciones del próximo ejercicio.