"Me da un poco de tristeza que quieran hacer un frente sobre temas absolutamente marginales. Hablar de dispersión de la población es un coste añadido (…), pero es un tema marginal. Querer hacer del debate político español una cosa marginal como central es distorsionar", señaló Soler durante este encuentro informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum.

Soler hizo estas declaraciones al ser preguntado por la declaración institucional que ayer firmaron los presidentes de esas cuatro comunidades autónomas, dos de ellos del Partido Popular y otros dos del Partido Socialista, en la que reclaman al Gobierno que impulse un nuevo modelo de financiación autonómica basado en el principio de igualdad que, entre otros aspectos, ayude a frenar la despoblación que sufren y tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios prestados.

A juicio de Soler, "los gastos básicos del Estado del bienestar, como son la sanidad y la educación, están vinculados a las personas" ya que, según ejemplificó, "llevar a un señor en una ambulancia de un pueblo a un hospital es un coste, pero es menor: lo costoso es la operación". En esa línea, indicó que "hospitalizar a un enfermo o escolarizar a un niño cuesta prácticamente lo mismo en cualquier sitio, por lo que el indicador básico ha de ser el de la población", dijo.

El consejero señaló además que los presidentes de las comunidades involucradas "le hacen el juego" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Lo que (ambos) quieren es que continuemos en la lógica del 2002 y del 2009 de ensuciarnos entre comunidades autónomas, cuando el problema es que hay 16.000 millones de euros" de diferencia entre las obligaciones que éstas asumen y el dinero del que realmente disponen, indicó.

Según estimó, "si ponen 16.000 millones de euros encima de la mesa" las comunidades que están "mal", entre ellas la valenciana, podrán mejorar su situación "sin que los que creen entre comillas que están bien empeoren". "Eso es lo que desde el Gobierno central quisieran que no pasara: que entendieran lúcidamente que las comunidades autónomas tenemos mucho en común y muy pocas diferencias", subrayó.

Durante su presentación, Soler resaltó que la postura de la Generalitat Valenciana es que se debe adecuar la distribución del conjunto de los ingresos del Estado no en función de las administraciones que lo componen sino de la prioridad de las funciones que asumen. "Es decir, el dinero del contribuyente ha de ir a satisfacer sus necesidades básicas, independientemente de la administración que las tenga que proveer", manifestó.

Según señaló el consejero, "esto abre la puerta a que haya más recursos para el conjunto de las comunidades autónomas y, por tanto, los reequilibrios de la distribución entre ellas puedan ser más factibles". A juicio de Soler, esta postura "se ha abierto paso" en el debate autonómico.

"Donde no hay tanto consenso es sobre lo referido a cómo tratar la deuda acumulada", admitió el responsable de las finanzas públicas valencianas, quien subrayó que el Gobierno valenciano "no aceptará ningún sistema de financiación autonómica que no prevea una solución al problema de la deuda acumulada por la infrafinanciación histórica", que el Ejecutivo autonómico cuantifica en unos 20.000 millones de euros desde 2002.

Soler indicó además que, mientras el nuevo sistema no esté diseñado y operativo, su Gobierno ha planteado al Ejecutivo central la aplicación de posibles medidas transitorias para poder seguir financiando los servicios públicos, entre las que citó el adelanto de las liquidaciones de años anteriores. En ese sentido, aseguró que hace dos semanas reclamó por escrito 1.500 millones correspondientes al ejercicio 2016 y por el momento no ha recibido "ni respuesta".

Como medida transitoria, el consejero también pidió una aportación extraordinaria para la Comunidad Valenciana, así como dar mayor transparencia a la previsión de ingresos fiscales de acuerdo con las previsiones macroeconómicas ya que, según detalló, el Gobierno español ha asignado a la Comunidad Valenciana un aumento en los ingresos fiscales inferior a la media, cuando el crecimiento económico esperado en esta región para 2018 es superior al del conjunto del Estado, explicó el consejero.

En alusión al artículo 156 de la Carta Magna, que establece que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, Soler concluyó: "Hay gente que habla mucho de la Constitución, pero después no la aplica. Porque hay mucha bandera, pero poca aplicación de derechos".