Así lo indicó Cambray en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona, cuando se le preguntó si el Gobierno catalán cumple o no la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano. Puso en valor que su Gobierno ha impulsado una ley para subsanar este problema y aseguró que “no hay nada más democrático” que promover normas y que las convalide el Parlamento de Cataluña.

Cambray explicó que el decreto ley del Ejecutivo catalán hace que la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos educativos recaiga “100%” en el departamento de Educación y aboga por la inaplicación de porcentajes en el aprendizaje con una u otra lengua en las escuelas.

Asimismo, declaró que ha dado unas instrucciones “muy claras” a los centros educativos para que puedan verificar que su proyecto educativo se adecua a la nueva normativa. “Lo tienen que hacer hasta el 30 de junio con un cuestionario muy sencillo y lo harán acompañados de la inspección”, aclaró.

A su juicio, los proyectos lingüísticos tienen que “aterrizar y ser reales dentro” de las aulas, por lo que los maestros, los profesionales de atención educativa y los monitores “tienen que conocer el proyecto lingüístico de la escuela, se tienen que hacer responsables de su aplicación” y tienen que hacer que las clases “se impartan en la lengua que dice el proyecto lingüístico”

“¿Verdad que es lógico lo que he dicho? Pues no está pasando y cuando una cosa no está pasando y no te gusta tienes que poner soluciones. Por tanto, ponemos también al plan de acción este acompañamiento de la inspección educativa”, apuntó el consejero de Educación.

TRIBUNALES

“Dejemos a los tribunales fuera de nuestras aulas y confiemos en nuestros maestros”, insistió, al tiempo que señaló que los maestros son los que, “con criterios pedagógicos”, tienen que hacer su proyecto lingüístico, teniendo en cuenta “la realidad sociolingüística del centro y de su entorno y las diferentes metodologías de aprendizaje”.

Al respecto, manifestó que él se debe “al alumnado y a las familias” y no a los tribunales, por lo que afirmó que la Generalitat de Cataluña garantizará que todos los alumnos acaben 4º de la ESO “con las máximas y plenas competencias lingüísticas orales y escritas en catalán y en castellano”.

Además, destacó que “las nuevas leyes” tienen que servir para que “no se apliquen porcentajes en ninguna aula del país” porque un tribunal lo que tiene que hacer es “hacer cumplir las leyes” y, por tanto, “un tribunal, dentro del marco de las nuevas normativas, está obligado a velar para que todo el mundo cumpla las nuevas normativas”.

“Todas las medidas que hacemos son buenas para el alumnado”, afirmó el consejero, que reiteró que el sistema educativo catalán es “un modelo de éxito, de cohesión social, de equidad y de igualdad de oportunidades".