El TC debe seguir su "ritmo" para resolver el recurso

Desayuno-informativo del Foro de la Nueva Sociedad

El TC debe seguir su "ritmo" para resolver el recurso

Patrocinado por Abertis y Fundación Abertis

MADRID, 29 de septiembre. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, opinó hoy que el Tribunal Constitucional debe mantener su "ritmo" para resolver sobre los recursos que afectan al nuevo Estatuto de Cataluña, que fue aprobado por las Cortes en 2006.

Caamaño hizo esta reflexión en Madrid en un encuentro informativo del Foro de la Nueva Sociedad, que organiza Nueva Economía Fórum con el patrocinio de la Fundación Abertis y de Abertis.

Preguntado sobre los tres años que lleva el Constitucional estudiando los recursos del Estatut, el ministro señaló que “los tiempos de la Justicia nunca son los tiempos de la política”, al tiempo que añadió que los magistrados deben realizar su trabajo “en los tiempos y en los ritmos que estime conveniente, según su agenda de trabajo”.

Insistió en que “lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es mantener ese mismo ritmo, dictar al final una buena sentencia, como hace siempre, fundada en derecho y explicando qué elementos (del Estatut) son constitucionales o no, con sólo la Constitución en la mano”.

Al mismo tiempo, el ministro dijo respetar que Gregorio Peces-Barba, catedrático de Filosofía del Derecho y uno de los “padres” de la Constitución, haya declarado al periódico “La Gaceta” que el Estatuto de Cataluña “contiene aspectos claramente inconstitucionales”.

En este sentido, Caamaño defendió la “presunción de constitucionalidad” del Estatut, puesto que las leyes son constitucionales cuando las aprueba el Parlamento, sin que haya que esperar a lo que diga el Constitucional. Añadió que esto es independiente de que haya quienes, como Peces-Barba, que piensen “que pueden existir cuestiones inconstitucionales del Estatut, como las puede haber en otras muchas leyes”.

ABORTO
Por otra parte, el titular de Justicia defendió que las niñas de 16 años no necesiten el permiso de los padres para abortar, ya que obligar a comunicar esta decisión a los progenitores puede llevar a que las menores busquen que se les practique el aborto en “un circuito no controlado” de la sanidad.