El sistema sanitario andaluz anuncia la emisión de "facturas sombra"

Fórum Europa con la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía

El sistema sanitario andaluz anuncia la emisión de "facturas sombra"

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SEVILLA, 28 de enero. La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, anunció hoy en Sevilla que su equipo trabaja para impulsar durante este año la llamada "factura sombra", una iniciativa que pretende concienciar al ciudadano del coste real de los servicios médicos ofertados en el sistema público de sanidad.

Durante su intervención en el “Fórum Europa. Tribuna Andalucía”, organizado por Nueva Economía Fórum, Montero explicó que lo que pretende su Consejería es “dar a conocer de forma aproximada a los usuarios el coste de su paso por lugares fundamentales, como la estancia hospitalaria” o los servicio de urgencias.

Según la consejera, la importancia de esta iniciativa radica en evitar la sensación por parte de la ciudadanía de que son servicios gratuitos, para evitar así “su uso de forma indiscriminada”. En ningún caso esto supondrá un primer paso del conocido como canon disuasorio por consulta, matizó.

“La corresponsabilidad del pago no es una solución, ya que no supone un impacto real sobre la recaudación y genera desigualdad social”, recalcó la responsable de Salud andaluza.

CRÍTICA A LA PRIVATIZACIÓN
Montero aseguró que la solución pasa por el empleo de la tecnología que permite realizar consultas médicas sin moverse de casa. A modo de ejemplo, la consejera recordó que gracias al sistema de Salud Responde se consiguió atender más de 72.000 consultas relacionadas con la gripe A sin saturar los centros sanitarios.

En cuanto a las medidas adoptadas en otras comunidades autónomas, como Madrid o Valencia, Montero señaló que esto sólo genera desconfianza en la ciudadanía y supone “una hipoteca para el futuro”.

En el caso andaluz, la consejera destacó que estudia consensuar la inversión en materia sanitaria con todos los agentes y animó al sector de la construcción a invertir en infraestructura, lo que definió como un “interés legítimo”.