Durante un encuentro informativo organizado en Oviedo por Nueva Economía Fórum, Fernández aseguró que “hay alternativas” de otras empresas para mantener abiertas las instalaciones, donde casi 700 trabajadores, entre el empleo directo y el subcontratado que generan ambas plantas, se enfrentan a la pérdida de sus empleos desde que el gigante estadounidense del aluminio anunció sus intenciones de abandonar España el pasado mes de octubre.

El presidente del Principado no desveló quiénes son esos compradores potenciales porque “es prudente no mencionarlos” en este momento. Solo señaló que no se encuentran en Asturias, pero sí “en España y en Europa”.

El máximo responsable del Gobierno asturiano añadió que el pasado verano recibió al consejero ejecutivo de Alcoa y al máximo responsable de la multinacional en España sin que ninguno de los dos mencionara el plan de cierra anunciado pocas semanas después. Como el resto de la industria electrointensiva radicada en Asturias, la empresa ha manifestado en repetidas ocasiones desde 2014 que el coste excesivo del precio de la luz en España encarece su producción y lastra su competitividad en los mercados globales.

Fernández pidió una solución para ese problema y solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica más tiempo para completar la descarbonización de la economía y la apuesta por las energías renovables. “Es recomendable la prudencia”, señaló, en un proceso que confía en tecnologías que aún no se han desarrollado por completo y tiene, además, un impacto significativo en el crecimiento y el empleo de regiones tan industrializadas como Asturias.

Fernández defendió la creación de un arancel ambiental para proteger la producción industrial europea de las importaciones de otras regiones del mundo con una legislación menos estricta en materia de emisiones contaminantes. “Esa sería la mejor fórmula para evitar que importemos CO2 y exportemos empleos”, dijo.