Ayuso avanzó esta medida en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, y dijo que se incluirá en el nuevo reglamento de vivienda, actualmente en fase de tramitación, que prevé un periodo de audiencia e información pública, y cuya aprobación está prevista para el mes de julio.

“Vamos a seguir reforzando nuestra lucha contra la ocupación a pesar de tener unas competencias limitadas”, indicó la presidenta regional tras adelantar esta medida, que tiene como objetivo modernizar el marco normativo vigente, mejorar la eficacia de las políticas públicas en la materia y reforzar la defensa de la legalidad.

El texto establecerá que cualquier persona condenada por sentencia firme por los delitos de allanamiento de morada o usurpación de vivienda no podrá beneficiarse de una vivienda protegida si se produjo en los cinco años anteriores a la solicitud. Además, y como novedad, la norma fijará el requisito de acreditar empadronamiento en la Comunidad de Madrid durante un periodo mínimo de 10 años antes de poder optar a una vivienda protegida.

“Esta condición pretende priorizar la vinculación estable con la región de los beneficiarios y asegurar que los recursos públicos se destinan a quienes contribuyen de manera continuada a su desarrollo”, aseveró la líder del Ejecutivo madrileño.

Además, sostuvo que la Comunidad de Madrid es la región líder en construcción de vivienda protegida gracias, entre otras medidas, al impulso del Plan Vive de alquiler a precio asequible, que ya suma 14.000 en distintas fases de desarrollo. De ellas, 5.175 ya han sido entregadas, 3.200 finalizarán su construcción en los próximos meses y 3.400 del Plan Solución Joven están actualmente en licitación.