Durante este encuentro informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum, la integrante del llamado Consell del Botànic señaló que los casos de corrupción que afectan a cargos públicos y dirigentes políticos no solo degradan la reputación como país, sino que acrecientan la desconfianza de la sociedad y son “el caldo de cultivo del populismo sin ideología o del sometimiento acrítico al poder carismático”.

“Son riesgos que debemos atajar con una regeneración de la política”, recalcó Bravo, quien subrayó que la corrupción tiene unos gravísimos costes económicos, porque altera el correcto funcionamiento del mercado; políticos, porque socava las instituciones y quiebra la confianza en la clase política; sociales, al obstaculizar la redistribución de la riqueza, y morales, especialmente si no encuentra una adecuada respuesta punitiva.

Consultada sobre el posible pacto con la Fiscalía por el que los nueve empresarios procesados en este juicio no desvelarían quién les pidió el dinero, la titular de Justicia de la Generalitat valenciana indicó que tiene “muchas dudas de que el pacto vaya a ser en ese sentido” y señaló que, en cualquier caso, no puede valorarlo porque no lo conoce, más allá de lo que refieren los medios de comunicación.

“El pacto con la Fiscalía va en el marco del derecho que tiene el acusado de poder alcanzar una conformidad previa a la celebración del juicio, y por tanto en esas condiciones no sé cuáles son los términos, pero no puedo valorarlas porque los desconozco”, explicó la jurista, que ejerció como portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013.