El Consistorio retiró en la madrugada de este lunes la cruz, dedicada a unas 80 personas del bando franquista que fueron asesinadas durante la Guerra Civil, y horas después, cuando se procedía a retirar también el pedestal sobre el que estaba instalada, recibió una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que solicitaba la paralización de estas medidas. 

“Lo que está ocurriendo con la cruz de Callosa de Segura me parece un espectáculo lamentable”, declaró la consejera al ser consultada sobre esta polémica durante el encuentro informativo, celebrado en Valencia y organizado por Nueva Economía Fórum. 

“El Ayuntamiento ha actuado correctamente, desde mi respeto a la resolución judicial, que no comparto, y más allá de que en este momento (esa decisión) ha llegado cuando la cruz ya se había retirado, por lo que esa medida cautelar es de imposible ejecución”, indicó la titular de Justicia de la Generalitat valenciana. 

Gabriela Bravo recordó que la Ley de Memoria Histórica, vigente desde 2007, obliga a la retirada de cualquier vestigio en recuerdo o conmemoración de hechos relacionados con el golpe o la dictadura franquista y que esta cruz fue levantada precisamente “en homenaje a los caídos que trataron de salvar” a José Antonio Primo de Rivera y durante muchos años ha sido el lugar donde personas próximas a la Falange se han congregado para homenajearlo. 

“Es un elemento en los términos que describe la ley y que ordena su retirada a quien sea competente”, recalcó Bravo, quien señaló que además esa cruz se encontraba en una zona declarada bien de interés cultural (BIC) y desde Patrimonio también se había requerido al Ayuntamiento para que fuera retirada.