El Ministro de Justicia acompañó a José Blanco en el Fórum Europa

López Aguilar afirma que actuará frente al PCTV si tiene pruebas recordando que la ley no permite ilegalizar de cualquier manera

Defendió la independencia judicial sobre la revisión de los juicios militares del franquismo

MADRID, 19 de abril. En declaraciones al término del Fórum Europa con José Blanco, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró hoy que el Gobierno actuará con determinación para poner fuera de la ley al PCTV si encuentra "serias pruebas" que permitan sustentar ante los tribunales "que fue creado de manera ex profeso como continuidad o correo de transmisión fraudulenta de otro declarado ilegal, o que está practicando de forma reiterada y grave una actividad de encubrimiento, justificación y amparo del terrorismo".

"Si desde luego nos encontramos ante esos supuestos, el PP debe saber y la sociedad española que el Gobierno actuará con total determinación para poner fuera de la ley a cualquier partido que incurra en esa conducta, y desde luego eso incluye al PCTV", dijo en declaraciones a los periodistas tras asistir al desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, con la colaboración de Europa Press y el patrocinio de BT e ING Direct.

López Aguilar advirtió de que la "ley no sirve para ilegalizar cualquier cosa de cualquier manera" y juzgó que dirigentes del PP han introducido "confusión" y "distorsión". "La Ley de Partidos y el Pacto por las Libertades están en vigor y el Gobierno lo está cumpliendo --señaló--. Ha hecho cumplir la Ley de Partidos y la debe cumplir siempre que exista un supuesto que se corresponda con el supuesto legal".

"Hemos escuchado algunas alegaciones que no se sostienen, como si fuera posible poner fuera de la ley a un partido en 24 horas en función de solamente los indicios o apariencias más o menos ostensibles de similitud de un partido con otros que hemos conocido en el pasado", concluyó.

REVISIÓN DE JUICIOS FRANQUISTAS

 

Sobre la posible revisión de juicios militares del franquismo, el ministro aseguró que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, actúa "dentro de su autonomía y ámbito. En todo caso es una iniciativa que en el momento actual está en estudio en el ámbito doctrinal y de la reflexión, por tanto no hay ninguna palabra definitiva al respecto", afirmó.

López Aguilar también recordó que actualmente también hay una iniciativa en el Parlamento que ha "mandado al Gobierno a explorar las posibilidades de fortalecer la recuperación de lo que se ha denominado memoria histórica de la lucha antifranquista y de víctimas del régimen dictatorial".

SOLICITUD DE EMPADRONAMIENTO DE INMIGRANTES

 

Por su parte, la Secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que también acudió al Fórum Europa con Blanco, pidió hoy a todos aquellos inmigrantes que no tengan un contrato de trabajo que "se abstengan de acudir a los ayuntamientos a pedir el certificado por omisión", ya que "obstaculizan al que de verdad lo necesita".

Tras asistir a la conferencia, señaló que "es normal" que se hayan producido colas en algunos municipios y comentó que la mesa de diálogo social contaba con ellas cuando propuso esta fórmula para dar solución a situaciones "de justicia". Asimismo, Rumí aseguró que hasta el siete de mayo, día en que finaliza el proceso de normalización, "hay tiempo suficiente" para solicitar la regularización. Así, insistió en que la Administración ha habilitado "todos los recursos para la entrega de las solicitudes y la documentación" y añadió que se ha llevado a cabo "una ampliación de horarios para dar respuesta a esta situación". Ante la posibilidad de que algún ayuntamiento se viera desbordado por una cantidad importante de peticiones, recalcó que se ha previsto para hacer frente a esa situación "la posibilidad de presentar la solicitud de haber pedido ese certificado de empadronamiento por omisión".

En este sentido, agradeció la colaboración de los ayuntamientos y recalcó que el Consejo de Empadronamiento adoptó "por unanimidad" esta nueva opción de empadronamiento. Rumí subrayó que los documentos exigidos son "públicos y tienen una base de datos para contastarlos". "La eficacia del proceso va a seguir siendo la misma", concluyó

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