José Manuel Rey Varela en el Fórum Europa Tribuna Galicia

“Está en juego alterar el preocupante escenario demográfico previsto para 2050”

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 de abril. El consejero de Política Social de la Xunta de Galicia, José Manuel Rey Varela, advirtió hoy, en el ‘Fórum Europa. Tribuna Galicia’, del “preocupante escenario demográfico” previsto para 2050 en Galicia y en Europa y que hace imprescindible el esfuerzo coordinado “de todos los agentes políticos, económicos y sociales”.

En el citado encuentro informativo, organizado en Santiago de Compostela por Nueva Economía Fórum, Rey Varela llamó la atención sobre el “reto de primera magnitud” que supone la evolución demográfica prevista para Galicia y el conjunto de Europa. Según proyecciones que maneja el consejero, Galicia llegará a 2050 con un millón de habitantes menos y con una población muy envejecida“, un fenómeno “que compartiremos con Europa, pero no con el resto del mundo”, aseguró.

OBSERVATORIO DEMOGRÁFICO
Esa situación obliga, según el responsable de Política Social del gobierno gallego, a tomar medidas como la próxima puesta en marcha del Observatorio Demográfico de Galicia. En esta entidad, se hablará “de causas económicas y sociales, de conciliación, de las bajas, de los permisos de paternidad y maternidad”, porque nos jugamos, advierte Rey Varela, “alterar un cambio demográfico que nos lleva a una situación preocupante”.

PLAN AUTONÓMICO DE NATALIDAD
Medidas como la creación del Observatorio se enmarcan dentro del Plan Autonómico de la Natalidad de Galicia, que tiene el objetivo, según su máximo responsable, de convertir a esta comunidad “en el mejor lugar para ser padre o para ser hijo”, a través de los incentivos, la conciliación y los servicios.

José Manuel Rey Varela fue presentado por Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica-Cocemfe. Queiruga repasó la trayectoria profesional y personal del “conselleiro más joven de la Xunta de Galicia” y expresó su preocupación por los efectos que pueda tener la sentencia del Tribunal Constitucional que señala a las comunidades como las administraciones que deben gestionar los fondos del 0,7% del IRPF para fines sociales.
 

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