El Fiscal General del Estado, en el Fórum Europa

"El único conflicto en Euskadi es el armado, y la vía judicial y policial es la que da resultado"

Ahondó en la situación vasca de cara a las próximas elecciones autonómicas

MADRID, 16 de febrero. El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, explicó hoy, en el Fórum Europa, plataforma de debate organizada por Nueva Economía Fórum, con la colaboración de Europa Press y el patrocinio de British Telecom, Somersen e ING Direct, que la vía que da resultados en la lucha contra ETA es la policial y judicial, ya que, en su opinión, el único conflicto que hay en Euskadi es el armado.

Por ello, pidió "firmeza" para acabar con la banda y avisó que ésta quiere presentarse a las elecciones con "la metralleta en brazos". Algo que, dijo, no permitirá porque la Fiscalía actuará "contra listas sucias y aparentemente limpias". En cuanto a la consulta que anuncia el lehendakari sobre su plan en el País Vasco, aseguró que sería un "tema menor" si no hubiera violencia y advirtió que si se convoca se aplicará la ley para evitarla.

Sobre la intención de Batasuna de presentarse a las elecciones autonómicas del 17 de abril explicó que el PP tiene toda la razón al pedir que se esté con la "guardia bien alta". En este sentido, precisó que la Fiscalía actuará "frente a cualquier intención de formular candidaturas tratando de burlar la Ley de Partidos, tanto mediante una candidatura que se pudiera llamar claramente de Batasuna como contra cualquier otra que trate de utilizar cualquier subterfugio".

Sobre el anuncio realizado por Arnaldo Otegui consideró que se trata de un "pulso permanente" al Estado. Es, dijo, "una organización que pretende intervenir en un proceso electoral llevando una metralleta en los brazos". "Eso es intolerable y no se va a permitir", apostilló. Conde Pumpido descartó que se trate de una persecución ideológica el hecho de que el CNI tenga localizados a 1.500 posibles candidatos de Batasuna para las próximas elecciones vascas. "Es un dato de inteligencia sobre el que yo no puedo pronunciarme", apuntó. En cualquier caso, aseguró que "de lo que se trata es de que, para que el Estado de Derecho sea fuerte, no puede ser defraudado o burlado y, si lo que se ha hecho es prohibir la intervención electoral de una determinada orientación política no es por una limitación democrática, sino para reforzar la democracia".

En opinión del Fiscal General, lo que no puede existir en unas elecciones democráticas es la participación de las fuerzas mayoritarias en España con el "temor permanente y la amenaza constante de que los candidatos pueden ser asesinados en cualquier momento". Recordó que "no hace tanto tiempo que ETA declaró que las sedes de los partidos nacionales eran objetivo de sus atentados". "De esta manera no se pueden hacer unas elecciones democráticas", precisó.

LA VIA POLICIAL Y JUDICIAL

Al ser preguntado si la lucha policial y judicial es la única vía para acabar con ETA, Conde Pumpido aseguró que "es la vía que en este momento está produciendo resultados positivos".

Recordó su experiencia en este sentido. Explicó que ha sido magistrado en el País Vasco y formó parte de la Junta Electoral de Guipúzcoa cuando se dio una oportunidad hace más de 20 años a ese sector que apoya la violencia de poder participar en las instituciones. Sobre esta última cuestión matizó que la oportunidad se les dio con el fin de que, al participar en las instituciones, promoviesen el abandono de las armas.

"Por lo tanto, después de haber vivido durante esos años y haber estado en el Tribunal Supremo cuando se juzgó y condenó a la Mesa Nacional de HB he llegado a la absoluta convicción de que única y exclusivamente la firmeza, utilizando las fuerzas del Estado de Derecho y todo el Estado de Derecho, es cómo se va a terminar con el terrorismo", argumentó.

El Fiscal General explica que lo único que interesa de ETA es "cuándo va a dejar las armas", porque, advirtió, "el único conflicto que existe en estos momentos en el País Vasco es el conflicto armado y, desaparecido éste, todo lo demás es un problema de convivencia y político que puede solucionarse".

CONTRA LISTAS SUCIAS Y APARENTEMENTE LIMPIAS

En este sentido, insistió en que "tienen que tener perfectamente claro que los que no condenan la violencia y renuncien absolutamente a las armas están fuera del espacio político".

Al ser preguntado qué se podría hacer si hubiera una lista legal que en campaña fuera apoyada por Batasuna, Conde Pumpido explicó que el criterio del Fiscal General y de la Abogacía del Estado, con la que está en contacto, es utilizar toda la información que proporcione el Ministerio del Interior "para impugnar cualquier asociación, tanto la que se presente de manera manifiesta como representativa de Batasuna, HB o EH como de cualquier otra asociación que, detrás de esta pretenda aprovechar ese impulso para actuar escondida". En este sentido, advirtió de que "tanto contra listas sucias como contra listas aparentemente limpias actuará la Fiscalía".

CONSULTA EN EUSKADI, TEMA MENOR SI NO HAY VIOLENCIA

Sobre la posibilidad de que el Gobierno vasco convoque una consulta sobre el Plan Ibarretxe, recordó que la condición que ha fijado el Ejecutivo de Euskadi es celebrarlo en unas circunstancias de ausencia absoluta de violencia. En su opinión, estas circunstancias no son fácilmente conseguibles.

En este sentido, considera que si "se estuviera en unas circunstancias absolutas de cese de la violencia, eso quiere decir que ETA habría abandonado las armas, las habría entregado y estaría en una situación de dar total y absoluta garantía de que no va a volver a recuperarse". Si eso ocurriese, considera que la consulta sería "un problema menor". No obstante, explicó que si se adopta una decisión que no es acorde con el ordenamiento jurídico, el Gobierno "puede y debe" impugnar esa decisión ante el Tribunal Constitucional, que la declararía inconstitucional. "Entiendo que esa orden del TC sería respetada, sino, sería el momento en que tendría que intervenir el Ministerio Fiscal utilizando todas las armas que le proporciona el derecho".

Sin embargo, considera que es un tema "fundamentalmente político" y que el derecho penal sólo debe intervenir como último recurso.

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