Fórum Europa Tribuna Catalunya con el Delegado del Gobierno en Cataluña

El Gobierno central vigilará que las consultas de independencia cumplan la ley

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BARCELONA, 6 de octubre. La Delegación del Gobierno en Cataluña vigilará que las eventuales consultas de independencia en municipios catalanes cumplan la ley, según afirmó hoy el delegado del Ejecutivo central, Joan Rangel.

Rangel aseguró que la Delegación del Gobierno continuará aplicando los mismos criterios que se aplicaron en Arenys de Munt, pionero en la convocatoria de consultas sobre la independencia en Cataluña. “Nosotros ya actuamos en Arenys de Munt y aplicaremos el mismo criterio”, dijo durante su participación en el “Fórum Europa Tribuna Catalunya”, organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum.

La plataforma independentista catalana Decidim.cat calcula que unos 70 municipios catalanes han aprobado ya mociones de apoyo a las consultas populares y que otros 50 lo harán en breve. Las consultas se podrían realizar durante los meses de diciembre, febrero o abril, aunque aún está por determinar la fecha para llevarlas a cabo.

Rangel aclaró que “cuando tengamos conocimiento de los acuerdos municipales, lo que haremos será analizarlos y, a partir de los informes del servicio jurídico del Estado, si vemos que hay una clara invasión competencial, como pasó en Arenys de Munt y la justicia nos dio la razón, lógicamente no podemos actuar de forma distinta”.
Agregó que está convencido que no será necesario actuar esta vez, porque “la mayoría de ayuntamientos se limitarán a hacer una declaración política y a no implicar su organización”, y “por lo tanto no habrá absolutamente nada que decir, en absoluto”.

Según Rangel, la Delegación del Gobierno “no tiene ningún interés en plantear ni impugnar acuerdos que no afectan a materias que pueden ser impugnables. No tenemos ningún interés de beligerancia”, insistió. “Simplemente, lo único que hacemos es cumplir con nuestra obligación y sólo actuaremos en el caso que haya una vulneración de la norma”.

Insistió en que el problema de la consulta de Arenys de Munt no fue la consulta en sí, sino el acuerdo municipal, “que ponía la organización a disposición de una actividad de una organización privada”.

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